España se enfrenta a un desafío presupuestario significativo para las próximas décadas, impulsado principalmente por el envejecimiento de su población. En concreto, el país necesitará realizar un ajuste fiscal adicional equivalente al 6,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) para el año 2045, que es la década en la que está previsto que se termine el impacto de la generación del baby boom. Esta reestructuración será necesaria para hacer frente a los crecientes costes asociados al envejecimiento de la población, como las pensiones y los gastos en salud, y para mantener sus finanzas públicas en línea con las reglas fiscales de la Unión Europea. Esta es una de las conclusiones que arroja el informe presentado este jueves por el centro de análisis Bruegel, titulado Cómo afectará el cambio demográfico a la sostenibilidad de la deuda en los países de la UE. El ajuste toma en cuenta el déficit estructural primario (es decir, que descarta los intereses que genera la deuda por pagar) que según la Comisión Europea es del 0,8% del PIB en 2024. De esta forma, si se suma la actual situación de déficit al futuro gasto, se concluye que para lograr un equilibrio en las cuentas habría que alcanzar esta tasa superior al 6% del PIB.