El Constitucional ha tumbado la legislación puesta en marcha en materia energética por el Gobierno aragonés cuando lo presidía Javier Lambán (PSOE), durante la anterior legislatura (2019-2023). El tribunal estima que el decreto-ley aprobado en marzo de 2023 —poco antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas— por el Ejecutivo aragonés vulnera el artículo 86.1 de la Constitución, al haber alegado razones de urgencia que no se justifican y cuyo objetivo era “cambiar el modelo de energía en la comunidad autónoma”. El Gobierno recurrió gran parte del mencionado decreto-ley, estimando que, además de no fundamentar su urgente necesidad, la norma invadía competencias del Estado, desatendiendo la legislación básica en materia energética.

Seguir leyendo